Las relaciones entre el Gobierno y el campo alcanzaron cierta distensión, pero hará falta mucho trabajo para recomponer la confianza entre ambos actores, y para retomar la senda del crecimiento y del progreso de la actividad rural.
Intempestivamente, poco después de la primera sesión de trabajo entre funcionarios y representantes de productores realizada el 24 del mes pasado, se conocieron versiones no desmentidas acerca de un avanzado proyecto destinado a monopolizar el comercio de granos, que volvió a tensar el diálogo entre las partes hasta un límite que no sólo puso en tela de juicio las conversaciones iniciadas, sino que también colocó a miles de productores al borde de las rutas. Si existía tal turbulento proyecto debió ser conocido con anterioridad. Por ello, el hecho se vivió como una burla y un nuevo intento de división por parte del gobierno entre los integrantes de la Comisión de Enlace. Pese a todo, ambas partes concurrieron a la segunda reunión, en la cual, para sorpresa general, se hizo presente la presidenta de la Nación, quien participó activamente en las negociaciones hasta el logro de varias actas acuerdo.
Cabe explicar esta singular participación de la primera mandataria como el fruto de la percepción de un estado de ebullición en el interior del país que amenaza con reproducir los hechos ocurridos a partir del 11 de marzo último, de tan tristes consecuencias para el oficialismo.
Sea ésta la interpretación correcta o no, los resultados obtenidos son francamente modestos y no disiparon el clima de desconfianza, cuya reposición requiere sostenidas demostraciones de cumplimiento de las resoluciones que se pactan.
Los acuerdos alcanzados durante la última reunión entre el Gobierno y los dirigentes rurales constituyen apenas el principio de un camino destinado a despejar otras áreas de la producción, la industria y el comercio. La reducción o eliminación de las retenciones a las ventas de granos al exterior ha vuelto a ser denegada por el Poder Ejecutivo, aunque nada debería impedir que esta cuestión sea debatida en el Congreso. Con un dólar a 3,60 pesos por unidad de estos días, los productores de soja la comercializan con un dólar equivalente a 2,34, por efecto de las retenciones del 35 por ciento. El acta acuerdo sobre carnes permite elevar la cuota exportable a un total de 550.000 toneladas, con un añadido de 60.000, aunque la realidad de 2008 la relegó a 430.000, por las restricciones que impuso el Registro de Operaciones de Exportación de la Oncca -el llamado ROE rojo-, que en adelante será apenas moderado, pero no derogado, como sería recomendable. Las cuotas por empresa deberían, asimismo, ser eliminadas para restablecer una activa competencia entre las fábricas exportadoras.
El mercado lácteo será liberado de retenciones a las exportaciones, mientras que se implementará un subsidio de 10 centavos por litro de leche para productores de hasta 3000 litros diarios. Por otro lado, para evitar el sacrificio de terneros de tambo se otorgará a los tamberos un subsidio que les permita criarlos y engordarlos. Para los castigados productores de trigo por la sequía, las heladas y las medidas oficiales se procura un subsidio a la harina para la molinería que busca instalar una franca competencia entre industriales y exportadores. Sin embargo, se está lejos de restablecer la libertad plena de exportar y la recomposición del mercado brasileño, una perla del Mercosur. En fin: la omnipresencia del secretario de Comercio Interior y de la Oncca no parece haberse opacado. Para los productores de economías regionales quedan promesas por confirmar.
Como se ha señalado más de una vez desde esta columna, los productores agropecuarios deben producir y comerciar en libertad, pagando impuestos razonables. No necesitan una mano del Estado ni subsidios, sino que éste les quite de encima la mano que coarta su trabajo.
Los acuerdos logrados en modo alguno cierran el conflicto ni le devuelven al agro la capacidad de continuar su proceso de innovación y expansión, que llevó su producción de 44 millones de toneladas en los años 80 a los 96 millones del ciclo 2007-08. Con todo, se ha dado un pequeño paso hacia una distensión en la compleja relación entre las autoridades nacionales y el sector rural, lo cual, sumado a la imprevista presencia de la presidenta de la Nación en las negociaciones, debe ser rescatado como un dato positivo.
*FUENTE: Opinión editorial de lanacion.com.ar – 05/02/2009
Intempestivamente, poco después de la primera sesión de trabajo entre funcionarios y representantes de productores realizada el 24 del mes pasado, se conocieron versiones no desmentidas acerca de un avanzado proyecto destinado a monopolizar el comercio de granos, que volvió a tensar el diálogo entre las partes hasta un límite que no sólo puso en tela de juicio las conversaciones iniciadas, sino que también colocó a miles de productores al borde de las rutas. Si existía tal turbulento proyecto debió ser conocido con anterioridad. Por ello, el hecho se vivió como una burla y un nuevo intento de división por parte del gobierno entre los integrantes de la Comisión de Enlace. Pese a todo, ambas partes concurrieron a la segunda reunión, en la cual, para sorpresa general, se hizo presente la presidenta de la Nación, quien participó activamente en las negociaciones hasta el logro de varias actas acuerdo.
Cabe explicar esta singular participación de la primera mandataria como el fruto de la percepción de un estado de ebullición en el interior del país que amenaza con reproducir los hechos ocurridos a partir del 11 de marzo último, de tan tristes consecuencias para el oficialismo.
Sea ésta la interpretación correcta o no, los resultados obtenidos son francamente modestos y no disiparon el clima de desconfianza, cuya reposición requiere sostenidas demostraciones de cumplimiento de las resoluciones que se pactan.
Los acuerdos alcanzados durante la última reunión entre el Gobierno y los dirigentes rurales constituyen apenas el principio de un camino destinado a despejar otras áreas de la producción, la industria y el comercio. La reducción o eliminación de las retenciones a las ventas de granos al exterior ha vuelto a ser denegada por el Poder Ejecutivo, aunque nada debería impedir que esta cuestión sea debatida en el Congreso. Con un dólar a 3,60 pesos por unidad de estos días, los productores de soja la comercializan con un dólar equivalente a 2,34, por efecto de las retenciones del 35 por ciento. El acta acuerdo sobre carnes permite elevar la cuota exportable a un total de 550.000 toneladas, con un añadido de 60.000, aunque la realidad de 2008 la relegó a 430.000, por las restricciones que impuso el Registro de Operaciones de Exportación de la Oncca -el llamado ROE rojo-, que en adelante será apenas moderado, pero no derogado, como sería recomendable. Las cuotas por empresa deberían, asimismo, ser eliminadas para restablecer una activa competencia entre las fábricas exportadoras.
El mercado lácteo será liberado de retenciones a las exportaciones, mientras que se implementará un subsidio de 10 centavos por litro de leche para productores de hasta 3000 litros diarios. Por otro lado, para evitar el sacrificio de terneros de tambo se otorgará a los tamberos un subsidio que les permita criarlos y engordarlos. Para los castigados productores de trigo por la sequía, las heladas y las medidas oficiales se procura un subsidio a la harina para la molinería que busca instalar una franca competencia entre industriales y exportadores. Sin embargo, se está lejos de restablecer la libertad plena de exportar y la recomposición del mercado brasileño, una perla del Mercosur. En fin: la omnipresencia del secretario de Comercio Interior y de la Oncca no parece haberse opacado. Para los productores de economías regionales quedan promesas por confirmar.
Como se ha señalado más de una vez desde esta columna, los productores agropecuarios deben producir y comerciar en libertad, pagando impuestos razonables. No necesitan una mano del Estado ni subsidios, sino que éste les quite de encima la mano que coarta su trabajo.
Los acuerdos logrados en modo alguno cierran el conflicto ni le devuelven al agro la capacidad de continuar su proceso de innovación y expansión, que llevó su producción de 44 millones de toneladas en los años 80 a los 96 millones del ciclo 2007-08. Con todo, se ha dado un pequeño paso hacia una distensión en la compleja relación entre las autoridades nacionales y el sector rural, lo cual, sumado a la imprevista presencia de la presidenta de la Nación en las negociaciones, debe ser rescatado como un dato positivo.
*FUENTE: Opinión editorial de lanacion.com.ar – 05/02/2009