Por el Dr. José Gerardo Piñeiro *
Abogado
DNI N° 22.714.309
En el marco del escándalo provocado por el inesperado “tarifazo” de la empresa Edefor SA practicado sobre las facturas de los vecinos de esta ciudad, usuarios del servicio de provisión del fluido eléctrico, aparecen algunos funcionarios del Poder Ejecutivo a defender lo indefendible y justificar lo injustificable.
Pero lo más grave y lamentable, para sorpresa de todos, aparece el defensor del Pueblo -el abogado Gialluca- que muy lejos de las incumbencias de su función, participó de un debate público que tubo lugar en una emisora local de las más escuchadas, para referirse de modo inquietante al papel desempeñado por la justicia provincial ante las formales presentaciones que rechazaron aquél tarifazo tildado de ilegal en pos de que se impida cortar del servicio eléctricos al usuarios que se ve impedido de afrontar el pago de la suma tarifada.
En particular el defensor del Pueblo se despachó agraviando a la jueza titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 de nuestra ciudad; y ante lo que Gialluca consideró un fallo erróneo atacó con exceso “dudo de la honorabilidad de la jueza… estamos investigando para promover un juicio político…” y otras recriminaciones descomedidas que intentaron mancillar el honor de la magistrada.
El lamentable episodio se ve agigantado cuando observamos que fue cometido por un profesional del derecho quien además detenta en funciones un cargo creado por la Constitución Provincial, independiente de otro poder del Estado, en resguardo de los ciudadanos que habitamos este bendito territorio provincial y de sus derechos consagrados por la Carta Magna; aunque a decir verdad este tipo de manejo e intentonas no es nuevo en esta gestión.
Se trata del fallo judicial que dio protección provisoria a los derechos de un formoseño ante el desmedido encarecimiento del servicio; es decir una tarea propia de un juez que dirime una cuestión que un ciudadano planteara, y que con criterio independiente permite una resolución ajustada a derecho. Por lo que no se observa motivo valedero que justifique un comportamiento tan agresivo e intolerante dirigido contra un miembro del Poder Judicial, que seguramente en pocos días recibirá el apoyo y solidaridad de sus pares (léase Colegio de Magistrados).
Pero lo llamativo es que, el implacable funcionario en cuestión toca los límites del delito de coacción, figura criminal que sanciona a quien exige a otro que haga, deje de hacer o tolere algo en contra de su voluntad, calificación que se agrava si las amenazas tuvieren como propósito la obtención de algunas medidas o concepción por parte de cualquier miembro de los poderes públicos (Art. 149 bis y 149 del Código Penal Argentino).
“Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe”, reza la garantía constitucional de que gozan los ciudadanos y, por consecuencia también los jueces.
Con la advertencia que “se le promoverá juicio político”, se le envía al juez un mensaje respecto a su comportamiento y criterio ante futuros fallos judiciales, que –sin dudas- deberán veneficiar a la empresa prestataria del servicio bajo la amenaza de perder el cargo.
25 años de democracia todavía no alcanzan para enseñar a todos los mas básicos principios de las división de poderes, la protección de las instituciones de la democracia –fundamental- el respeto a la figura del Juez; justamente el último refugio que tiene el ciudadano común frente a los atropellos de los poderosos.
*FUENTE: Diario La mañana – Formosa – 05/02/2009
Abogado
DNI N° 22.714.309
En el marco del escándalo provocado por el inesperado “tarifazo” de la empresa Edefor SA practicado sobre las facturas de los vecinos de esta ciudad, usuarios del servicio de provisión del fluido eléctrico, aparecen algunos funcionarios del Poder Ejecutivo a defender lo indefendible y justificar lo injustificable.
Pero lo más grave y lamentable, para sorpresa de todos, aparece el defensor del Pueblo -el abogado Gialluca- que muy lejos de las incumbencias de su función, participó de un debate público que tubo lugar en una emisora local de las más escuchadas, para referirse de modo inquietante al papel desempeñado por la justicia provincial ante las formales presentaciones que rechazaron aquél tarifazo tildado de ilegal en pos de que se impida cortar del servicio eléctricos al usuarios que se ve impedido de afrontar el pago de la suma tarifada.
En particular el defensor del Pueblo se despachó agraviando a la jueza titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 de nuestra ciudad; y ante lo que Gialluca consideró un fallo erróneo atacó con exceso “dudo de la honorabilidad de la jueza… estamos investigando para promover un juicio político…” y otras recriminaciones descomedidas que intentaron mancillar el honor de la magistrada.
El lamentable episodio se ve agigantado cuando observamos que fue cometido por un profesional del derecho quien además detenta en funciones un cargo creado por la Constitución Provincial, independiente de otro poder del Estado, en resguardo de los ciudadanos que habitamos este bendito territorio provincial y de sus derechos consagrados por la Carta Magna; aunque a decir verdad este tipo de manejo e intentonas no es nuevo en esta gestión.
Se trata del fallo judicial que dio protección provisoria a los derechos de un formoseño ante el desmedido encarecimiento del servicio; es decir una tarea propia de un juez que dirime una cuestión que un ciudadano planteara, y que con criterio independiente permite una resolución ajustada a derecho. Por lo que no se observa motivo valedero que justifique un comportamiento tan agresivo e intolerante dirigido contra un miembro del Poder Judicial, que seguramente en pocos días recibirá el apoyo y solidaridad de sus pares (léase Colegio de Magistrados).
Pero lo llamativo es que, el implacable funcionario en cuestión toca los límites del delito de coacción, figura criminal que sanciona a quien exige a otro que haga, deje de hacer o tolere algo en contra de su voluntad, calificación que se agrava si las amenazas tuvieren como propósito la obtención de algunas medidas o concepción por parte de cualquier miembro de los poderes públicos (Art. 149 bis y 149 del Código Penal Argentino).
“Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe”, reza la garantía constitucional de que gozan los ciudadanos y, por consecuencia también los jueces.
Con la advertencia que “se le promoverá juicio político”, se le envía al juez un mensaje respecto a su comportamiento y criterio ante futuros fallos judiciales, que –sin dudas- deberán veneficiar a la empresa prestataria del servicio bajo la amenaza de perder el cargo.
25 años de democracia todavía no alcanzan para enseñar a todos los mas básicos principios de las división de poderes, la protección de las instituciones de la democracia –fundamental- el respeto a la figura del Juez; justamente el último refugio que tiene el ciudadano común frente a los atropellos de los poderosos.
*FUENTE: Diario La mañana – Formosa – 05/02/2009